Un elemento que impide una evolución sana de las economías
En el anterior número de esta publicación avanzamos el estudio-diagnóstico sobre las razones del ensanchamiento de la brecha entre el desarrollo social y económico de Galicia y su correlación con la corrupción. En dicho estudio, se entendía dicha corrupción como un catalizador de la desnaturalización que se produce en los comportamientos de los agentes socioeconómicos en su toma de decisiones, lo que genera serios desequilibrios entre estos, manifestándose en forma de ineficiencia en el uso de los recursos. En resumen, la corrupción supone mucho más que las prebendas o las mejoras obtenidas por cauces ilegítimos; supone, en profundidad, un elemento decisivo que impide una evolución sana de las economías desarrolladas.
En el marco del estudio realizado desde IFFE Business School, se ha querido dar voz a la sociedad gallega para conocer cómo es percibido este fenómeno por nuestro entorno más inmediato. Por ello, a continuación damos cuenta de las respuestas obtenidas. Analizando los datos:
En la actualidad, se constata que todos los encuestados se declaran conscientes de que existe un problema de corrupción en nuestro país y que ocurre una cierta dificultad a la hora de intentar cuantificar su alcance.
En el estudio realizado se desvela una sensación de corrupción generalizada algo menor en Galicia que en el conjunto del estado español. Esta concepción sobre el impacto local de la corrupción podría resultar sorprendente, teniendo en cuenta el hecho de que Galicia está entre las comunidades autónomas con más casos públicos de presunta corrupción.
De este modo y según el resultado de las encuestas realizadas, para la población, la administración pública es la institución que resulta ser más consciente de dichos actos. Si bien ello parecería indicar dudas entre los ciudadanos sobre el sistema institucional y nuestra democracia – así lo explicitan algunos interpelados -, para la ciudadanía la mejor opción frente a la corrupción, con un 65% de respuestas positivas, el control, desde el ámbito público, resulta el más eficaz. Eso sí, teniendo en cuenta la matización de que: “siempre que esté bien aplicada”. Pero lo anterior no nos permite pasar por alto que el 35% de las respuestas se orientan en sentido contrario.
Cuestión de gran importancia y transcendencia lo supone que la mayoría de respuestas aportadas estiman no confiar en el proceso electoral. Para un 23% de las contestaciones, las elecciones no son un medio eficaz para resolver las cuestiones relativas a la corrupción. Siendo justos, es relevante subrayar que las dificultades de gobernabilidad en el año reciente muy probablemente hayan sesgado el sentido de la respuesta.
Entonces, teniendo en cuenta todo lo expuesto, los encuestados se preguntan legítimamente si habría que revisar las bases del sistema político y, así mismo, revisar el proceso electoral. Esta resulta ser una reflexión interesante y que, por lo tanto, merece la pena tener en cuenta.
En relación a los efectos de la corrupción y qué impactos provoca en la economía, con un consenso del 90%, la población opina que genera un aumento de la pobreza y la diferencia de oportunidades entre ciudadanos.
No obstante, existe una visión generalizada de que no hay medidas suficientes para prevenir la corrupción, o al menos no se aplican como deberían, obteniendo en este caso sólo un 33% de respuestas que creen que se está haciendo, desde las instituciones, todo lo que se puede. Sin embargo, no existe acuerdo global sobre si una de las causas de ello sea la mala praxis desde el poder ejecutivo (68% así lo creen). Así mismo y por el contrario, los entrevistados dan cuenta del peso que los ciudadanos atribuyen tanto al poder judicial como al legislativo en materia de la responsabilidad en el control de la corrupción (un 32% de los encuestados así lo consideran).
Si a la corrupción en el ámbito privado nos referimos, la población es más benevolente: se estima que hay bastante menos corrupción que en el Gobierno, (concretamente en una mayoría reflejada en el 67% de respuestas que así lo atestiguan). Además, perciben una mayor disponibilidad de medidas para vigilar internamente en las empresas que no se produzcan situaciones de este tipo, aunque no se utilicen siempre de la forma correcta o más eficiente tales medidas de control (opinado en un 58% de las respuestas).
Por lo general, el mayor impacto de la corrupción en la economía de la nación se localiza en la ralentización del crecimiento económico; y esto lo apunta el 42% de los entrevistados. Es preciso hacer notar que aspectos, como la subida de impuestos, también reflejan para el 41% un efecto negativo encubierto de la necesidad de repercutir en la población los efectos de una corrupción mal prevenida y peor gestionada.
Conocido el problema, es vital evitar o intentar paliarlo, por lo que la opción más elegida es la necesaria existencia de una mayor transparencia (46% de los encuestados así lo afirman). Aspectos como el funcionamiento independiente del órgano judicial así como los cambios en la financiación de los partidos políticos, son también tenidos en cuenta por los/las encuestados/as en un 29% y 26% de las respuestas, respectivamente, como acciones de gran eficacia en la lucha contra la corrupción.
De este modo, ya tenemos bastantes pistas para saber qué opinan los conciudadanos acerca de los sectores más afectados sobre la corrupción y que tienen su correlato e impacto en los medios de comunicación. En este caso, no dan tregua al sector político (más del 50%) seguido por las finanzas (28%) y la Admón. Pública (20%).
La pregunta concreta que sin duda, más disparidad de opiniones y comentarios ha generado ha sido: “Qué consideramos acto de corrupción”, en función de si aceptamos un regalo o una prebenda en el caso de políticos, directivos o funcionarios.
La mayoría de respuestas se muestran tajantes con las figuras del político y del funcionario, sin duda influenciadas por los escándalos más recientes, sin tenerlo tan claro en el caso de los empresarios privados. Existen situaciones en los que la población no sabe qué contestar o aportan matizaciones, esto es, cuando se trata de la relación existente con la persona que hace el regalo o la cuantía del mismo. Atribuir la responsabilidad sobre el acto de corrupción bien al que otorga o bien al que acepta no presenta un discernimiento claro y rotundo.
La corrupción está extendida también al ámbito local, no sólo son actos llevados a cabo en las “altas esferas”. Muestra de ello son las declaraciones de los/las encuestados/as, que indican haber sido testigos o conocedores fundamentalmente de cobros y pagos en “B” (36%), contratos no acordes con la jornada laboral (32%) y uso indebido del material de la empresa (23%). Son más raros los casos de sobornos a funcionarios (6%), o personas que no hayan percibido ningún acto de corrupción en su entorno en el último año (3%).
Conclusiones
Como se puede extraer de este análisis, la ciudadanía es plenamente consciente de lo que ocurre a su alrededor con la corrupción. No hace falta irse al Gobierno o a las Instituciones públicas; en el día a día, se presencian casos de este tipo, de los que muchas veces no somos conscientes de su grado de importancia y trascendencia. También influye mucho la opinión de cada persona acerca de lo qué es o no corrupción, lo que genera alguna que otra dificultad de cara a hacer valoraciones globales.
En general, al margen del sexo, edad o nivel educativo, se da una visión generalizada de que existe un problema de corrupción que impacta negativamente en la Economía. De este modo, aunque existan mecanismos para corregirlo, no son ni eficientes ni eficaces, debido a que no se utilizan correctamente.
En definitiva y a la luz de los datos aportados por la encuesta, más que buscar culpables, lo interesante sería abordar el problema de forma conjunta así como localizar la forma de paliar y/o evitar la corrupción de manera efectiva, empezando por cada uno e ir extrapolándolo, poco a poco, al resto de la sociedad.